Los estibadores inician la «guerra» contra el Gobierno con tres días de paro

El sindicato mayoritario de los estibadores de España, Coordinadora de Trabajadores del Mar, así como UGT, CC OO, CIG y CGT, anunciaron ayer al Ministerio de Fomento y al de Trabajo un preaviso de huelga legal en todos los puertos de interés general durante las horas impares de los días 20, 22 y 24 de febrero.
La movilización, se anuncia tras conocerse los planes del Gobierno central para aprobar un Decreto-Ley y reformar el sistema de la estiba en España -que emplea a algo m ás de 6.100 trabajadores fijos- tal como exige Bruselas tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE. Bruselas pide a España acabar con el monopolio en el servicio de prestación de servicios de carga y descarga de mercancía a través de una única mercantil por puerto, así como liberalizar el sistema de contratación de empleos de los muelles.
La central liderada por el secretario general de la mayoritarias, Coordinadora, Antolín Goya, exige que «se restablezca el diálogo en la negociación de la modificación legal del régimen jurídico de prestación del servicio de mercancías y la relación jurídico laboral de los estibadores portuarios, sin que por ello suponga disminución de ámbito funcional del servicio o pérdida de puestos de trabajo en actividades comerciales complementarias».
Las empresas podrán sustituir, libremente, a un 25, 50 y 75% de los actuales trabajadores portuarios durante los tres próximos años.

Los más de 100.000 afiliados al IDC en los cinco continentes, sindicato de ámbito internacional, mostraron ayer su absoluto rechazo a las «medidas dictatoriales del Ejecutivo español». El coordinador del IDC, Jordi Aragunde, se pondrá en contacto con líderes sindicales del mundo para organizar acciones de apoyo y llama a la solidaridad de los españoles.

Habrá servicio de pasajeros

Los representantes de los trabajadores aseguran que las movilizaciones no afectará al tráfico de pasajeros de líneas regulares.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró que el Gobierno protegerá «al máximo» los puestos de trabajo y los derechos laborales de los estibadores. De la Serna recordó que el fallo judicial de hace dos años ya ha conllevado una multa de 21 millones de euros para España, cantidad a la que podrían sumarse otros 134.000 euros diarios en caso de que una segunda sentencia, «que está al caer», también condenatoria.
Fuente : www.levante-emw.com