El PSOE no convalidará el decreto ley si no es fruto de un proceso de diálogo y acuerdo

Según aseguraron ayer a Diario del Puerto fuentes del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, el PSOE ya ha trasladado al Gobierno su posición en torno al proceso de reforma de la estiba que exige la Unión Europea, recordando al Ejecutivo que cualquier iniciativa que se apruebe deberá ser con el consenso a nivel sectorial.
Según dichas fuentes, el Grupo Parlamentario Socialista es consciente de que no queda más remedio que cumplir la sentencia condenatoria del TJUE. Ahora bien, toda reforma legislativa que se apruebe deberá venir tras “un proceso de diálogo y acuerdo con el sector”. De esta forma, con independencia de su posición ante el contenido de la misma, el PSOE ha trasladado al Gobierno su postura contraria a convalidar en el Parlamento un decreto ley de reforma que no haya sido sometido con carácter previo a un proceso de diálogo y de consenso con el sector.

Por tanto, de partida el Gobierno no cuenta con el PSOE para respaldar por la vía rápida su reforma, teniendo en cuenta que una de las cuestiones en las que ha insistido el Gobierno es que el decreto ley que se presenta ahora no es un punto de partida para la negociación y el diálogo, sino un punto final tras la negociación de los últimos años, negociación que en todo caso no ha alumbrado un consenso sectorial.

Hay que recordar que el Gobierno anunció el pasado viernes la reforma de la estiba por la vía de un real decreto ley que quiere que sea aprobado por el Consejo de Ministros con carácter inminente, para posteriormente tener que ser convalidado por el Congreso en el plazo de un mes, para lo cual lo único que se requiere es mayoría simple de los grupos parlamentarios.

Este posicionamiento del PSOE a nivel estatal es el mismo que la presidenta de Andalucía y del PSOE andaluz, Susana Díaz, durante una reunión celebrada en el Palacio de San Telmo de Sevilla, trasladó ayer al coordinador general del sindicato Coordinadora, Antolín Goya, a quien insistió en que cualquier modificación legislativa deberá estar basada en el consenso, posición que Díaz va a defender en los ámbitos de su competencia.

La reunión con la presidenta de Andalucía es uno más de los encuentros a nivel político que Coordinadora ha puesto en marcha, dentro de una ronda de contactos que ya le ha llevado a reunirse con representantes también del PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Podemos, habiendo mostrado todos ellos su sorpresa, según Goya, por las formas del Gobierno al no permitir una negociación..

La presidenta de la Junta señaló tras la reunión que, “si bien es preciso modificar la legislación española de la estiba en los términos contenidos en la sentencia, es igualmente necesario que ese cambio normativo tenga en cuenta los acuerdos que puedan alcanzar los sindicatos y empresarios del sector, siempre que no contravengan el fallo del TJUE”.

Susana Díaz recordó que el Gobierno central “ha tenido más de cinco años para afrontar con diálogo y consenso este cambio normativo, ya que el primer requerimiento de la Comisión Europea se produjo en noviembre de 2011”

Por este motivo, cuestionó que el ejecutivo central “pretenda resolver este importante asunto de manera acelerada, ahora que España puede afrontar sanciones por no haber llevado a cabo la adaptación legal, mediante decreto y sin tener en cuenta las negociaciones que mantenían empresas y sindicatos y sin informar tampoco a las Autoridades Portuarias, que son las responsables de la gestión de los puertos”. Para la presidenta andaluza, lo más adecuado sería “impulsar el acuerdo e intentar que las tres partes (Gobierno, empresas y sindicatos) negocien con la Comisión Europea la adecuación a la sentencia europea”.

Ximo Puig

Este aspecto del consenso es en el que han incidido en las últimas horas algunos líderes políticos, como el también socialista y presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, quien ayer apostó por el dialogo en el conflicto de los sindicatos y las empresas estibadoras, con el fin de evitar la huelga. Puig expresó la preocupación del Consell por “lo que pueda significar para la economía valenciana” la huelga de estibadores.

También se ha manifestado al respecto en las últimas horas el presidente de la AP de Valencia, Aurelio Martínez, quien lamentó la inactividad del gobierno desde que se dictó la sentencia y aseguró que “siempre es mejor el diálogo que la imposición”.