PSOE y PP han apostado por la liberalización no solo en el nuevo modelo de estiba, sino en prácticamente todas y cada una de las enmiendas presentadas a la Ley de Puertos. A pesar de que el conflicto nacido hace unas semanas en el sector de la estiba ha sido el que más ha llamado la atención, la apuesta por la “iniciativa privada”, según la enmienda 174, ha encendido la luz de alarma en el sindicato UGT, que ve con preocupación las más que posible “externalización” de servicios que en la actualidad presta personal adscrito a la Autoridad Portuaria, sobre todo Policía Portuaria, según Juan Antonio Olaizola.

Las enmiendas de PSOE y PP proponen la privatización de labores que realiza la Policía Portuaria.

Y es que en dicha enmienda, PSOE y PP dejan claras sus intenciones. El primer párrafo del artículo 60 de la nueva Ley establece que “La prestación de los servicios portuarios se llevará a cabo por la iniciativa privada, rigiéndose por el principio de libre concurrencia, con las excepciones establecidas en esta Ley”, todo lo contrario a los dos primeros párrafos del artículo 58 de la actual Ley 48/2003: “Son servicios generales del puerto aquellos servicios comunes de titularidad de la Autoridad Portuaria de los que se benefician los usuarios del puerto sin necesidad de solicitud” y “Las Autoridades Portuarias prestarán en la zona de servicio del puerto los siguientes servicios generales”.

Las enmiendas de PSOE y PP proponen la privatización de labores que realiza la Policía Portuaria

Policía Portuaria
Es decir, es la propia Autoridad Portuaria, una entidad de carácter público, la que lleva a cabo el servicio. Sin embargo, en las enmiendas se habla abiertamente de “iniciativa privada” y de “otorgamiento de licencias” según las “recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia”.

El sector que más perjudicado sería el de la Policía Portuaria. En la actualidad, este colectivo aglutina a más de 5.000 trabajadores, según cifras facilitadas por UGT. La entrada de la iniciativa privada pondría en cuestión el trabajo “de más de la mitad de la totalidad de la plantilla nacional”. Y es que, según la Ley 48/2003, esos servicios generales incluyen labores que en la actualidad realiza la Policía Portuaria en parte o en su totalidad, como la ordenación del tráfico terrestre, todo lo relacionado con vigilancia y seguridad o servicios de prevención y control de emergencias.

En ese sentido, y dada la exigencia de “rentabilidad de las Autoridades Portuarias” que exigirá la nueva Ley, “las Autoridades Portuarias podrían estar facultadas para, una vez analizados los costes y con la intención de reducirlos, externalizar las labores que lleva a cabo la Policía Portuaria”, según fuentes sindicales.

Fuente : Veintepies